¡A pagar el Peaje Judicial!
marzo 29, 2010
Julio José Orozco
Abogado Comercialista de la firma OROZCO Legal & Co.
www.orozco.legal
j.orozco@orozco.legal
Diario LA REPÚBLICA / Asuntos Legales
Conocida ya la triste realidad sobre importantísimas concesiones viales y proyectos de infraestructura claves para el desarrollo de Colombia, hemos sido testigos de cómo los candidatos a la Presidencia de la República se han apresurado a asegurar que blindarán sus hipotéticos gobiernos de tanta corrupción, desangre económico e inoperancia.
Pues bien, tantos “anticipos” embolatados, pero tan ágil cobro de “peajes” en las dobles calzadas aún por construir, no pueden ser sino apenas un renglón de análisis en las agendas programáticas de los candidatos. Me atrevo desde esta columna a vaticinar que de nada servirá ese compromiso, si el gobierno a quien corresponda el turno de la primera magistratura, no “fondea” de recursos al aparato judicial, -legítimo responsable de los correctivos-. Por supuesto, lo que necesita la mala trocha del aparato de justicia, que no encontrará por parte del estado su reparación, no es otra cosa que un “peaje judicial” que le financie su repavimentación.
Me explico: Hoy el sistema financiero con sus acciones de recuperación de cartera y de créditos insolutos congestiona dramáticamente los despachos de los principales circuitos judiciales del país. Han encontrado las más prósperas empresas nacionales un gratuito sistema de cobro de sus intereses patrimoniales sin que a ellas les ocasione un importe distinto al simple memorial instaurador de la causa judicial y sus respectivas copias. Es tarde ya para que los candidatos comiencen a pensar con verdadera voluntad, en llevar al Congreso, si logran la Presidencia, un proyecto serio para la creación o imposición de lo que me atrevo a denominar “peaje judicial”, bautizado mejor por la doctrina como arancel judicial. Sería este el tributo compensatorio, que debidamente acomodado en nuestra legislación, retribuiría el esfuerzo y servicio de los jueces, con claro destino al fortalecimiento del presupuesto de la justicia, que hoy sólo se nutre de los recursos de la nación en una cifra cercana a los 2 billones de pesos.
Ahora bien, cómo sería concebido dicho tributo o “peaje”? Tendríamos que partir de la premisa de la intangibilidad de los procesos privilegiados con la gratuidad. Es decir, no se podría retroceder en la protección a las causas sociales, como las laborales y de familia que hoy gozan de ese privilegio. Tampoco significaría dar al traste con la regla del amparo de pobreza que se invoca en ciertos casos. Pero lo que si no resulta equitativo, dentro del escenario económico de hoy, es mantener esa misma protección y privilegio para aquellas causas millonarias que emprenden las empresas, las cuales bien podrían tributarle al sistema de justicia colombiano, mediante el pago de dicho arancel, -si se quiere insignificante-, en proporción al monto de las condenas que se conquisten a través de juicios adelantados ante nuestros jueces.
Concretando: cada demanda que culmine exitosamente en el reconocimiento de una obligación dineraria, bien por vía de juicio de conocimiento o ejecutivo, erogaría en favor de la rama judicial un dinero, que ha de graduar la ley en los términos menos gravosos para el accionante, dirigido a engrosar el presupuesto de la justicia.
Cómo ha de asegurarse ese pago? Si se trata de acciones dirigidas contra la nación es obvio que el mecanismo resulta sencillo, pues la nación fungiría de autoretenedora de dichos recursos; mas si se trata de acciones encaminadas contra particulares podría pensarse en sujetar la ejecutoria de la respectiva sentencia al pago de este “peaje” en favor, obviamente, de la Rama Judicial.
Observen pues los lectores, cómo la modalidad de cobro ya perfeccionada en tan hermosas y bien señalizadas casetas que encontramos antes de abordar las supuestas dobles calzadas por todo el territorio nacional, terminaría por moldear una idea con el fin de financiar gruesa y finalmente al aparato judicial, que hoy, por tener vías maltrechas y personal enjuto, no ataca la corrupción. Naturalmente, sería legítimo retener este “peaje judicial” cuando dichos procesos se lleven en término y se culminen a tiempo, pues lo contrario sería una carga injustificada. Que no nos pase con el “peaje judicial” lo que nos pasa con la doble calzada a Girardot, que se paga el tributo y no se recibe la anhelada especie. En nuestro caso: una justicia pronta y cumplida.
Julio José Orozco O.
OROZCO Legal & Co.
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