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La plena legalidad de UBER

septiembre 15, 2015

Julio José Orozco
Abogado Comercialista de la firma OROZCO Legal & Co.
www.orozco.legal
j.orozco@orozco.legal

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Diario LA REPÚBLICA / Asuntos Legales

DESTACADO: Pese a que mi tesis jurídica respecto de la legalidad de la aplicación UBER ha sido discutida, analizada y plebiscitariamente aceptada por muchos colegas, gobiernos Nacional y Distrital siguen inmersos en discusiones inanes que sólo traen mayor inseguridad jurídica a los usuarios del transporte privado y público nacional.

Por segunda vez me atrevo, desde estas páginas, humildemente, a llamar la atención del Ministerio de Transporte, de la Superintendencia de Puertos y Transporte y de los aspirantes a la alcaldía de Bogotá, para que quede zanjada de una buena vez por todas la discusión respecto de la realidad jurídica que gobierna a la célebre aplicación UBER.

En una columna anterior, -¿Varados sin UBER?-, asumí el papel de defenderla porque considero que cuenta con todas las prerrogativas del ordenamiento legal colombiano para operar. Tristemente, registramos días atrás hechos de violencia provocados por singulares promotores y conductores de taxis, quienes, en criticable connivencia con algunos miembros de la Policía, se concertaron, ilegalmente, para perseguir, inmovilizar e incluso causar daño a automóviles que usan UBER. La principal pero muy equivocada razón de ellos: “UBER es un operador privado ilegal que le hace daño al servicio público de transporte”. Esto no es cierto y explicaré por qué:

Una muy antigua norma, la Ley 15 de 1959 (tiene más de 50 años), otorgó mandato al Estado para intervenir en la industria del transporte, es decir: le declaró como un servicio público. 3 décadas después se dictaría la Ley 79 de 1998 para establecer el modelo cooperativista como vehículo de explotación económica del mismo; lo que le haría ya no tan público. Vendría posteriormente la Ley 336 de 1996, Estatutaria de Transporte, para rematarse así el flojo marco normativo del transporte con la Ley 1383 de 2010 contentiva del nuevo Código Nacional de Tránsito. 56 años han pasado y a la sombra de dichas normas, -pero equivocadamente-, continúa creyendo un vasto sector de los transportistas que su actividad es aún un servicio público.

Ya no lo es! Los estados modernos han superado esa ortodoxa concepción para, pragmática y progresivamente, ir regresando a los particulares la explotación de muchas actividades económicas que eran de su exclusiva titularidad. Colombia lo ha venido logrando, acorde con esta tendencia, lo que en resultas se ha traducido en un mejoramiento diametral de la calidad de vida de nosotros: los ciudadanos asociados.

Verbigracia, podríamos preguntarnos cómo, en relación con los servicios de televisión paga, internet y telefonía, podemos los Bogotanos, hoy, optar por el excelente servicio de ETB (compañía de naturaleza pública, distrital), o contratar con uno de sus directos y legítimos competidores: CLARO o DirecTV (compañías de naturaleza netamente privada). La razón es que, al tenor de la Constitución de 1991 y en pro de los intereses de la misma sociedad, hay algunas actividades económicas en las que los particulares podemos intervenir, sin permiso o autorización especial, para participar de un mercado en legítima competencia, incluso contra el mismo Estado. La compañía UBER es ejemplo por antonomasia de ello, así como lo son muchas otras actividades del sector salud, del sector educación, etc.

Ahora bien, si lo que se critica de la maravillosa UBER es, por otro lado, que “no paga impuestos”, -independientemente del extraordinario servicio que ofrece-, pues habrá que decirle a los protegidos de Don Uldarico Peña que tampoco es cierto! UBER es una persona jurídica, legalmente constituida en Colombia, la que retiene, declara y paga por renta y por las regalías que envía a su casa matriz, conforme a la ley tributaria vigente. Que el acto de comercio, -singularizado en la voluntad de una persona de contratar un auto a través de un teléfono móvil de última generación-, no esté gravado, es problema del Congreso en una futura reforma tributaria. UBER, apreciados amigos y autoridades, es absolutamente legal.

Julio José Orozco O.
OROZCO Legal & Co.
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2 Respuestas a “La plena legalidad de UBER

  1. ANOTACIONES POST-DEBATE:

    1. No considero que estemos ante laguna jurídica o vacío normativo alguno, pues, primeramente, es sólo a los servidores públicos a quienes le aplica la regla de que “sólo pueden hacer lo que les está permitido en la ley”. De forma yuxtapuesta, a nosotros los particulares nos está permitido hacer todo lo que la ley no nos prohibe. Por otro lado, el -contrato de transporte- es una figura regulada en el Código de Comercio, artículo 981, lo que explica de suyo que es una actividad permitida entre particulares. De todas formas, mi tesis es que el objeto comercial de UBER no es ofertar contratos de transporte sino facilitar que entre particulares se contraten entre sí para con sus necesidades de movilidad. UBER cobra regalías por el uso de su innovadora propuesta, -plasmada en una tecnología de geo-referenciación-, más no por ser parte de contrato de transporte alguno.

    2. Pareciera ser que nuestra legislación está algo caduca respecto de las innovadoras situaciones jurídicas que se presentan por estos días; UBER una de ellas. Considero humildemente que Colombia debe descansar su preocupación sobre los hombros de los actores naturales del comercio, como siempre lo ha hecho y como ha sucedido en otras latitudes. Esto es: Por lo general, tiende a ser el mismo mercado, en condiciones de sana y libre competencia, el que se auto-regula.

    3. El Dr. Vargas Lleras acertó con su inicial mensaje en días pasados: “UBER no puede regularse como un servicio público”, y esto es así, porque sencillamente el transporte dejó hace mucho tiempo de ser un exclusivo servicio que ofrece solamente el Estado. Como muchos otros servicios, ha ido saliendo de los ortodoxos gerenciamientos del Estado para pasar a innovadoras y eficientes manos particulares. El caso de CLARO y DirecTV vs. ETB es un pertinente ejemplo de cómo pueden convivir y de lo que puede suceder a futuro con UBER. Lo probable es que, en una futura reforma tributaria, se grave con impuesto al consumo (viejo IVA) al acto de comercio que realizan los particulares al contratarse por UBER.

  2. Estimado doctor Orozco, con mucho interés leo su posición respecto a la legalidad de la plataforma Uber. No obstante, y como cliente frecuente del servicio, considero que la legalidad de Uber no puede verse de una manera tan general como usted lo plantea.

    La plataforma presenta dos servicios principales, Uber black, que todos conocemos como las camionetas blancas y UberX, que son carros particulares manejados por particulares. En ese orden de ideas se tienen dos tipos de vehículos y conductores diferentes.

    Por una parte, en tratándose de las camionetas blancas, estos son vehículos que prestan el servicio de transporte terrestre especial de pasajeros (un servicio público, por supuesto), el cual sólo pueden prestar si cuentan con una afiliación a una empresa de transporte debidamente constituida y habilitada mediante Resolución por parte de MinTransporte.

    La prestación de este servicio de transporte tiene requisitos específicos que deben ser cumplidos por las empresas y su parque automotor, v.g., un póliza RCE de transporte, el pago del cupo o afiliación etc.

    Como puede concluirse de manera anticipada, las camionetas placa blanca son vehículos destinados para la prestación del servicio de transporte de pasajeros, no obstante al prestar dicho servicio mediante la aplicación Uber, se está obviando un requisito que el ordenamiento jurídico ha previsto para dicha actividad, el cual es la firma de un contrato de transporte en el cual se establezcan no sólo las partes del mismo sino el destino, el vehículo mediante el cual se presta y las respectivas obligaciones y responsabilidades (no puede olvidarse nunca la naturaleza de la obligación del transportador, la cual es de resultado). De dicho contrato debe hacerse un documento que los conductores tienen que portar, el extracto de contrato, el cual es solicitado por las autoridades de tránsito y válida la prestación del servicio.

    En dos años que llevo usando Uber black, solo un conductor me pidió que llenara el extracto de contrato.

    Así las cosas, Uber black no es ilegal, pero carece de regulación específica.

    Por otra parte tenemos UberX, el cual de entrada debe entenderse ilegal. La razón de ser de su ilegalidad se encuentra en que debido a que el servicio de transporte si es un servicio público, será solo el estado el habilitado para prestarlo o los particulares que él designe y autorice para tal fin.

    En ese orden de ideas, no le es dable a un particular prestar el servicio de transporte a otro con su vehículo pues es una clara violacion a las normas que regulan dicha actividad.

    Le presento la siguiente reflexión, en el evento en el que ocurra un siniestro en una camioneta blanca, responderá el conductor y la empresa a la cual estaba afiliada la misma, porque en últimas, es un vehículo destinado para la prestación de dicho servicio y se afectará la respectiva RCE que todo transportador debe tener. Pero ¿y si el siniestro ocurre en un carro particular? El daño a terceros lo debería cubrir el SOAT o la póliza den vehículo? La responsabilidad es diferente y la aseguradora no respondería de igual manera, debido a la actividad que se estaba llevando a cabo. Esta es solo una de las situaciones que pueden presentarse en un vehículo particular, que tendrán un resultado desafortunado debido a que no está destinado para la prestación de un servicio público.

    Para finalizar, no debería enfrascarse el debate en la legalidad o no de Uber, usted y yo sabemos que la ley debe ser igual sino más dinámica que la sociedad, buscando como siempre, dar pautas y soluciones al tráfico jurídico de esta última.

    Saludos cordiales.


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