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EL SUICIDIO DE LA RAZÓN (GRAN DISPARATE CON LA SALUD)

abril 24, 2023

Julio José Orozco
Abogado Comercialista de la firma OROZCO Legal & Co.
www.orozco.legal
j.orozco@orozco.legal

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DESTACADO: Enarbolando públicamente un cartapacio, —que una vez revisado y analizado por los colombianos resultó contentivo de un proyecto de ley con motivaciones que distan de ponderación—, quien funge hoy como Ministra de Salud, Carolina Corcho, ha propuesto, en plaza pública, un insólito vuelco al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) en Colombia, retando, por demás, de manera muy empecinada e ideologizada, serios escollos políticos y jurídicos, incluso venidos del interior del mismo Gobierno al que pertenece, pasándose por la faja advertencias que, —aunque manifestadas las principales por el actual Ministro de Educación Alejandro Gaviria (otrora Ministro de Salud) y por el mismo Ministro de Hacienda José Antonio Ocampo (connotada Autoridad continental en su materia)—, sin embargo ha desatendido irresponsable e irrespetuosamente.

Esta particular situación de contrapunteo intra-gubernamental, —comidilla hoy día en nuestro país por estar invadida de los precisos reparos, objeto de alarma—, comienza por evidenciarnos un primer y muy grave esguince jurídico: Conforme a las voces y mandatos del Decreto 4712 de 2008, Art. 5to, Num. 8, claro es que, a hoy 20 de febrero de 2023, el despacho del señor Ministro de Hacienda no le ha dado «concepto favorable» a la dicha iniciativa legislativa (en tanto su grave impacto fiscal, sobre todo en punto a que los gastos de funcionamiento se multiplicarían de volverse ley ese Frankenstein), para apenas soslayar que deba someterse a la «regla fiscal», pero sin manifestar sin ambages la clara y cruda consecuencia: la corcho-reforma es absolutamente irrealizable.

Expliquemos ese grueso defecto, y al paso los otros:

Es finalmente, —de la intención incorregible y de la actitud recalcitrante de la Ministra—, suprimir el modelo de aseguramiento (las EPS´s son el actor asegurador del SGSSS) para imponer un modelo de prestación pública del servicio de salud, léase: propone la funcionaria modificar completamente la configuración actual del mismo, que explicada grosso modo y pese a sus varios defectos, es hoy la siguiente: (i) El estado es el actor regulador, (ii) Las EPS´s son las actoras aseguradoras y promotoras (en ideal libre competencia), y (iii) Las IPS´s y ESE´s son las actoras prestadoras.

La anterior configuración se sustenta financieramente, conforme a la Constitución y a la ley, en una bolsa general de recursos dinerarios (antes llamada FOSYGA, hoy por su sigla ADRES), que manejada como un verdadero patrimonio autónomo absorbe (a) contribuciones parafiscales (régimen contributivo / renglón de la célebre PILA), y (b) contribuciones estatales (para nutrir en parte los requerimientos financieros del régimen subsidiado).

Tales recursos se denominan técnicamente como «del sistema», pues no sólo no se incorporan a presupuestos públicos ni al erario, sino que tienen destinación específica; dineros que aglutinados son la «prenda general de los asegurados» de sendas estirpes (quienes contribuyen y a quienes se subsidia); afiliados y beneficiarios al POS (Plan Obligatorio de Salud) que se ven representados en la denominada UPC (Unidad de Pago por Capitación), que no es otra cosa que el cálculo anualizado de la prima individual para el aseguramiento social en salud.

Nótese pues, al rompe, el primer desquicie de la la propuesta de la Ministra Corcho, en trasunto de que la edifica en que menester resulta eliminar tal «sistema de aseguramiento» dizque para hacer de la salud un genuino «servicio público» pero, insólitamente, para seguir contando, mes a mes, con los oportunos y obligatorios aportes parafiscales de los trabajadores independientes y de los sujetos a relación laboral; Sinrazón productora del primer y muy grave escollo, —insalvable—, pues de materializarse tal tropelía, por ley se estaría convirtiendo una «contribución parafiscal» (establecida para aseguramiento) en una «contribución fiscal» (que se impondría rumbo a gasto público) y a eso último, indudablemente, se le llama «impuesto».

No sobra que aclaremos que los impuestos nacionales sólo se pueden decretar / instituir, en Colombia, a través de un proyecto de ley de reforma tributaria y sin que puedan tener destinación específica (Art. 359 de la Constitución Política Nacional), mientras que las contribuciones parafiscales son por naturaleza de destinación específica (se les llama parafiscales porque se recaudan, para la puntual necesidad, de forma paralela al fisco).

Tuve por manifestar, públicamente, que dicha bandera roja se la podía ver saliendo por una ventana de la sala de juntas del despacho del señor Ministro de Hacienda, Dr. José Antonio Ocampo; funcionario quien por naturales razones no puede darle visto bueno a la creación artificiosa e inconstitucional de dicho nuevo impuesto, faltaba más, pues ha de ser de su sano criterio, —como lo es del sentido común de cualquiera—, el que si el estado va a asumir, como servicio público esencial, la gestión, administración, garantía y prestación del derecho fundamental a la salud, pues entonces la Ministra Carolina Corcho debería, desde ya, anunciar a los ciudadanos, asociados, hoy asegurados, que de aprobarse su absurda iniciativa no tendrían que volver a descontar de su salario o ingresos los aportes parafiscales a salud, ¿o no?

Con lo anterior, obsérvese, que no sólo se trata de que la muy criticable iniciativa legislativa de la Ministra y sus áulicos transite el debido proceso legislativo en comisiones primeras del Congreso de la República, —en tratándose de que pretende legislarse para con el núcleo esencial de la garantía de un derecho fundamental—, sino que tal determinación sólo podría hacerse al vestido de legislación después de intentada, tramitada y agotada otra reforma tributaria, en comisiones económicas conjuntas, es decir, un grito legislativo que resuene así: ¡créase el impuesto a la salud!

Tal impasse, que seguramente tiene en la humanidad del Presidente de la República y de medio gabinete ministerial la vocación de ocasionar fuertes dolores de cabeza, en simultáneo, pues también se lleva de calle la reforma pensional que mal se propone, no es sin embargo el único, ya que el estado colombiano, —no el sistema—, le tiene una deuda causada a las EPS´s de dos punto cinco (2.5) billones de pesos; y una no causada, pero con pergeño de exigible, de seis (6) billones, por compensaciones y amortización de la inversión.

Esa deuda total, —reliévese billonaria—, tendría que ser girada automáticamente por el estado a las actuales EPS´s, si se materializa la arbitrariedad de marras, y no porque muchos así lo pidan, sino porque el artículo 356 de la Constitución Política Nacional, segundo inciso, lo impone: … Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita. Asintamos en que si del estado social de derecho se trata, obvio es que por Constitución y por ley, tal deuda no se pueda ni desconocer, ni mucho menos expropiar.

Para terminar, sólo de parte de la Procuradora General de la Nación han venido las opiniones sensatas, completamente informadas y acertadas para con el desbarajuste que denuncio, en tanto nos recuerda a todos que «se debe respetar y acatar el principio constitucional de mandato de progresividad, que consiste en preservar los grados de protección que se han alcanzado, en materia de salud, en los últimos treinta (30) años«, hecho notorio que ha de conducir al perfeccionamiento y mejoramiento del sistema, más no a su destrucción. Cuando el gobierno nacional desdice, —desde su injustificable prevención—, que «la salud no es un negocio» y que «el paciente no es un cliente«, yerra, pues despojado del populismo con el que intenta la falsa justicia social que prometió, bien puede aseverarse que el paciente sí ha de ser el mejor y más consentido cliente, para también afirmarse que la auto-sostenibilidad financiera del actual sistema debe protegerse y robustecerse.

Julio José Orozco O.
OROZCO Legal & Co.
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