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DERECHO PENAL: EN LOS SÓTANOS DEL DESPIPORRE Y LA DESMESURA

mayo 29, 2023

Julio José Orozco
Abogado Comercialista de la firma OROZCO Legal & Co.
www.orozco.legal
j.orozco@orozco.legal

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DESTACADO: En Colombia; —país que se despierta en la política, para desayunar, almorzar, cenar y trasnocharse en la misma—, la polarización que se vive, hoy por hoy, lleva a todos los actores a descender insospechadamente en el nivel intelectual de debate, para aventurarse en un reprochable y anti-jurídico sacrilegio moral con las más absurdas y desquiciadas aseveraciones y discusiones. Urge, para el bien de la democracia, que en todas estas polémicas se acuda nuevamente al elevado y suficientemente informado discurso.

Sorprendidos estamos frente al oscuro capítulo de una trabajadora de servicio doméstico y privado que, señalada de un hurto, fue conducida a las catacumbas de las oficinas de protección de un viejo edificio de la Presidencia de la República de Colombia, para ser no sólo ultrajada allí en su dignidad, sino para resultar objeto de una ruin prueba de poligrafía con la que servidores del estado intentaron convencerle de confesar el destino de una valija o bolsa, contentiva de dineros de dudosa procedencia; todo en en búsqueda de la detección de eventuales mentiras y en arbitrario empleo y uso de funciones, bienes y haberes públicos y oficiales.

Ella, quien asegura no haber participado de robo alguno, con la Jefe de Gabinete del actual gobierno, son el centro de una nueva polémica que, a ritmo renovado de los acontecimientos (los hechos datan del mes de enero del año 2023) han detonado las investigaciones periodísticas que dan cuenta de un consecutivo roce entre el Primer Mandatario y la Administración de Justicia; rifi-rafe que con el primer capítulo del «yo soy su jefe«, pasó al del «todo se hizo con piso en la ley«, y que va ahora en el «sólo la fiscalía puede investigar esos hechos«.

En respecto de los habituales despiporres del Mandatario, que indulgentemente podría uno decir: son exuberantemente indelicados, sí vale aquí el renglón para indicar que señalar al honorable Consejo de Estado de estar participando en un “golpe blando” en su contra, con ocasión del ejercicio independiente de su función judicial, —siendo por demás el máximo órgano consultivo del gobierno—, no tiene antecedentes en la República de Colombia.

Ahora bien, objetivamente, manifestemos que, sin embargo, por el otro frente no escampa. En relación a que sólo la Fiscalía General de la Nación es quien puede investigar la comisión o no de un punible, para el caso lo denunciado por la trabajadora, es también una falta de informada mesura siquiera pensarlo, pues todo ciudadano, —víctima o no—, tiene el derecho y la capacidad de auscultar a profundidad para con hechos que considere ajenos o contrarios al ordenamiento jurídico colombiano, incluso, apoyándose en profesionales de la investigación privada; seria y muy reconocida profesión en nuestras jurisdicciones.

Cosa bien distinta es que la «acción penal» sea de la titularidad exclusiva del ente, estándonos en que el matiz, —o si se desea, mejor: la limitante, para con lo anterior y frente al artículo 24 de la Ley 906/2004—Código de Procedimiento Penal / Sistema Penal Oral Acusatorio—, es que cuando dicho ciudadano apela a sus análisis y a sus averiguaciones privadas, dentro de lo que no le prohibe la ley, advirtiendo pues la comisión de un punible, está en la obligación irrestricta de denunciarlo para los efectos de que sea la Fiscalía quien impulse el ejercicio de la dicha «acción penal» a través de sus delegados, salvo que se trate de denuncia contra sí mismo, su cónyuge, o en contra de su compañero o compañera permanente, parientes en cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, o incluso cuando medie el secreto profesional.

Cuando se afirma que la «acción penal» es exclusiva de la Fiscalía General de la Nación, significa (para que cualquier lector lo entienda sencillamente) que sólo ella, —a través de sus delegados—, es quien puede «imputar» y «acusar» a los particulares; así no más. Por dicha potísima razón competencial, es que existe en nuestro ordenamiento jurídico, a su vez, el delito de «calumnia» (art. 221 de la Ley 599/2000—Código Penal), que es, precisamente, la prohibición que pesa sobre todos nosotros de proceder a imputar de la comisión de un delito a otro sin ser uno fiscal delegado; impedimento legal que no se entiende para con el verbo investigar.

Con base en lo anterior, el Constituyente, y por contera el Legislador, acudieron a sancionar con la «cláusula de exclusión» (art. 23 del referido compendium procesal penal) toda prueba obtenida «con violación a a garantías fundamentales»; y nótese la sabiduría y la asertividad, legislativas: no se limita lo anterior al «debido proceso» que ha de adelantar el ente acusatorio, titular de la acción penal, sino que se le extiende en su espectro con ocasión de lo explicado, léase, a contracara: sí se puede investigar, en sede privada, mientras no se violen las dichas garantías fundamentales y la ley.

Llamando pues la atención frente a la posición que la Fiscalía General de la Nación mal defiende, —esa que, en su contrapunteo con el Ejecutivo, en yerro y en caliente arguyó—, si fuese en algo enhiesta, no sólo estuviera prohibida la profesión de «investigador privado» en Colombia, sino que no sería legal ni lícito adelantar, por ejemplo, una averiguación administrativa o, incluso, impulsar y consolidar una investigación periodística.

Aquí, y con ocasión de una oportuna y puntual interacción en la pizarra pública de Twitter, vale la pena la observancia mandatoria del artículo 125 de la citada Ley 906/2004, numeral noveno, a la que se me invitó en paralela disección de los postulados jurisprudenciales sentados en la Sentencia C-186/2008, que conmina la aprobación del –Juez de Control de Garantías-, en tratándose de ese tipo de pruebas en las que, por su naturaleza y esencia se involucran, con amenaza de riesgo o de menoscabo, las tales «garantías fundamentales»; de allí el nombre de dicha autoridad judicial, y que no sobra decirlo (permítanme repertirlo, insistentemente): son los –Jueces de Control de Garantías– quienes en efecto y sin la menor duda, detentan el segundo cargo más importante del país.

Menester resulta pues que exijamos de las cabezas de las autoridades la precisión y las formalidades debidas, pues, como lo hemos podido evidenciar, los dislates de unos vienen provocando los desatinos de los otros. O mejor, procuremos actuar así: cuando a todo se le pone en su puesto, se le cierra la posibilidad al supuesto.

Julio José Orozco O.
OROZCO Legal & Co.
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Créditos a la fotografía: Revista SEMANA.

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