Reforma Democrática a la Justicia
julio 11, 2011
Julio José Orozco
Abogado Comercialista de la firma OROZCO Legal & Co.
www.orozco.legal
j.orozco@orozco.legal
Diario LA REPÚBLICA / Asuntos Legales
Antecedentes: Después de una de las más prolíficas gestiones de impulso legislativo en los últimos años, se dispone el Gobierno Nacional, a través de su Ilustre Ministro del Interior y de Justicia, Dr. Germán Vargas Lleras, a intentar, -con el talante definitivo que le autorizan dichos logros-, la tan ansiada “Reforma a la Justicia”.
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Ha anunciado el Ministro, que los pilares centrales del intento de reforma serán el fortalecimiento de la seguridad jurídica (fabulosa noticia para la inversión extranjera); el rediseño de controles que propicien un mejor entendimiento, ojalá plenamente armónico, entre las 3 ramas del poder público; el mejoramiento de los canales de acceso a la justicia para los ciudadanos; y el acometimiento definitivo e indicado, para delimitar y reglamentar, lo que en alguna oportunidad identifiqué como “los desbarajustados efectos que sobre las sentencias y fallos ocasiona el ejercicio de la acción de tutela”, pero manteniendo intacta la naturaleza de la figura, que tanta reivindicación y equidad ha traído. Contará el gobierno nacional esta vez, con un excelso invitado, a tiempo, para el acompañamiento a dicha tarea: El resucitado Ministerio de Justicia, en cabeza del recién anunciado jurista, Dr. Juan Carlos Esguerra, quien emprende esta fresca etapa tramitando la reforma, lo que a todas luces es bueno.
En una posición estadista, preparada, responsable y de carácter, ha referido el Dr. Vargas Lleras a la opinión, varios temas en los que parece existir acuerdo con las Cortes y Congreso, pero naturalmente ha indicado que otra gran porción de la agenda reformista se someterá a las comisiones legislativas sin consenso; postura que hace elevado honor a la democracia. Fruto de este debate, esperamos los abogados de Colombia, y seguramente toda la nación, que el Congreso abra el foro a la discusión de otros aspectos como lo son lo que también bauticé como “la incipiente cultura del desacato”, ya que fomentar el respeto y respaldo las decisiones de los jueces, es un síntoma verdadero de la consecución de la prosperidad democrática de un país.
Como de reforma democrática se trata, esperamos también que el debate no se centre en la desgastante e inútil labor de revisar el aparato judicial desde sus pináculos; la composición de cada una de las altas cortes y la redistribución de sus poderes y competencias electorales debe mirarse, pero sin que se soslaye la vital necesidad de acercar la justicia al ciudadano. Un debate sobre salarios y cargas laborales le restaría importancia a esta oportunidad histórica que ha tejido el Gobierno.
Por último, considero viable e inteligente que se exploren todas las opciones para la descongestión del aparato de justicia, verificando opciones y caminos para la dinamización de los Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos, y considerando al ilustre círculo notarial colombiano, recién integrado por concurso con excelsas condiciones intelectuales, como un actor importante que puede, por algún tiempo, asumir algún tipo de funciones jurisdiccionales. El arancel judicial merece a su vez una apuesta más arriesgada en su cobertura y empleo, y definitivo resultará el perfil presupuestario que el Congreso le aterrice a la justicia colombiana, en especial en lo relacionado con el costo de sostenimiento y mejoramiento del Sistema Penal Acusatorio; no me cansaré de afirmar que las conquistas más importantes de nuestra democracia son la Acción de Tutela y la oralidad en lo criminal, dos ingredientes de nuestra república que están llamados a fortalecerse con recursos del erario. Bienvenida sea pues esta reforma democrática de la justicia.
Julio José Orozco O.
OROZCO Legal & Co.
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